- La Justicia Federal investiga la supuesta utilización electoral que dirigentes del Frente de Todos hicieron de 1.498 electrodomésticos cedidos por la Dirección Nacional de Aduanas al PAMI.
- La titular del PAMI en la provincia del NOA, Verónica Molina, y el ex jefe de la UDAI Salta sede Sur, Marcos Vera, fueron imputados por malversación de caudales públicos y peculado.
- En relación con la utilización de los bienes donados al PAMI, la conducta de los acusados configuraría delito en el artículo 261 del Código Penal, que prevé hasta 10 años de prisión.
En Salta, a raíz de la publicación de una noticia en el portal web de radio FM Aries y las expresiones de Fernando Ruarte -concejal de la capital provincial que en las últimas elecciones provinciales del 15 de agosto intentó renovar su banca por el Frente de Todos-, la Justicia Federal inició una investigación de oficio para determinar qué utilización estaba realizando el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP o PAMI) de unos electrodomésticos, en el marco de la campaña proselitista.
“Con un #PamiPresente en los barrios seguimos gestionando para acompañar a nuestros adultos mayores”, rezaba el álbum fotográfico compartido en un posteo de Facebook por Ruarte. En el texto de la publicación, el concejal del Frente de Todos no solamente admitió haber entregado “más de 300 electrodomésticos a afiliadxs de PAMI en la ciudad de Salta” (sic) sino que detallaba el número de lista por la que se presentaba a los comicios y el nombre de su espacio político. A raíz de la polémica, el edil borró el contenido de sus redes sociales.Sin embargo, la directora de PAMI Salta, Verónica Molina, sí informó sobre la entrega de electrodomésticos en otro posteo de Facebook que sigue vigente, aunque sin alusiones partidarias como en la publicación eliminada del concejal del Frente de Todos.
Captura de la publicación del concejal del Frente de Todos, que fue eliminada.
Usuarios y páginas de Facebook se hicieron eco del caso en distintos posteos (ver acá, acá, acá y acá).
La investigación que lleva adelante el fiscal federal Ricardo Toranzos bajo el Legajo 15.249 determinó que, a través de la Resolución 2021-101-APN-SGP, el secretario General de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello, cedió sin cargo al PAMI bienes que habían sido secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), en la ciudad de Orán (Salta).
De acuerdo con lo consignado en el expediente, el listado de Aduanas contenía 1.498 electrodomésticos (entre los que figuraban pavas eléctricas, radios, ventiladores, recipientes para fondue y demás) con un valor en plaza de $4.500.115.
Luego de secuestrar las planillas de entrega de los electrodomésticos, con colaboración de la Policía Federal, la Justicia avanzó en la investigación para determinar el fin que tuvieron esos elementos.
Sobre 50 casos de análisis, se conocieron diferentes irregularidades. “Los afiliados del PAMI, es decir gente de la tercera edad y en condiciones de vulnerabilidad, debían ser los beneficiados con esos elementos. Secuestramos las actas de asignación y empezamos a realizar una verificación para determinar si todos habían recibido el electrodoméstico y cómo lo recibieron”, explicó el fiscal Toranzos a Reverso.
Y continuó: “Allí comprobamos que había actas que no eran reales porque decían que se había entregado un artículo, pero el beneficiario decía que nunca recibió ninguno; en otros casos se había recibido un producto diferente por el que se lo había hecho firmar y en otros casos fueron a un acto donde se pedía votar al Frente de Todos y que allí se entrega el producto. Por lo tanto, estas personas entienden que al producto se los entregó el partido y no el organismo nacional”.
Ante las evidencias recolectadas en esta etapa de la investigación, la titular del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el ex jefe de la UDAI Salta sede Sur, Marcos Vera, fueron imputados por el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por el delito de peculado por la presunta entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la DGA para beneficio de 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, la Fiscalía explicó que el caso de Fernando Ruarte, concejal de la ciudad de Salta que culmina su mandato el próximo 3 de diciembre, es distinto porque -a pesar de estar inmiscuido en la polémica- rige el principio de inocencia y tampoco se trata de un funcionario público nacional.
En relación con el avance de la causa, el fiscal Toranzos solicitó un plazo de investigación de 90 días y se abstuvo de solicitar medidas de coerción contra los acusados. Cuando culmine ese plazo, deberá pedir el sobreseimiento de los implicados si las evidencias no resultan contundentes o en su defecto se pedirá la elevación a juicio y recién ahí las evidencias se convertirán en pruebas.
La conducta de los acusados, según pudo averiguar Reverso, configuraría delito en el artículo 261 del Código Penal, que dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
No es la primera denuncia que involucra al PAMI local
En medio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que dispuso el Gobierno nacional en 2020 contra la pandemia de COVID-19, otro escándalo político ya había sacudido a Salta, porque unos 52 legisladores (entre concejales y diputados), 10 funcionarios de distintas administraciones y 3 gerentes del PAMI fueron acusados de haber pretendido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Reverso explicó el caso en esta nota. El proceso avanzó y la Justicia concedió las conciliaciones y homologó acuerdos de suspensión del juicio a prueba. A su vez, el fiscal Toranzos presentó los acuerdos y se logró que los imputados donen $ 705.890. Catorce concejales se comprometieron a realizar 678 horas de tareas comunitarias consistentes en labores de limpieza y asistencia técnica. En cambio, Viviana Fernández y Javier Eduardo Navarreta, ambos ex gerentes del PAMI de las sucursales de Orán y Embarcación, respectivamente, fueron condenados a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por su parte, Emilia Juárez, ex gerenta del PAMI en El Carril, fue absuelta.
Según consignaron en la Justicia Federal, en la audiencia donde se dictó la sentencia, los condenados relataron que debían entregar el 20% de sus salarios a la responsable de la casa central del PAMI en Salta y al principal referente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Marcos Vera. Actualmente, y luego de ser apartado de la dirección de la UDAI, Vera cumple funciones en otra oficina de la ANSES.
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